LA CRISIS DEL 29

La "gran depresión" económica que se generalizaría a partir de 1929 destruiría "el espíritu de Locarno" y propiciaría que la inseguridad, la violencia y la tensión volvieran a caracterizar las relaciones internacionales. Lo que en 1928 era impensable, la posibilidad de una nueva guerra mundial -como mostraba que un total de 62 Estados ratificasen el pacto Briand-Kellogg-, resultaría casi inevitable en unos pocos años.
La crisis económica mundial fue precipitada por la crisis de la economía norteamericana, que comenzó en 1928 con la caída de los precios agrícolas y estalló cuando el 29 de octubre de 1929 se hundió la Bolsa de Nueva York. Ese día bajaron rápidamente los índices de cotización de numerosos valores -al derrumbarse las esperanzas de los inversores, después que la producción y los precios de numerosos productos cayeran por espacio de tres meses consecutivos- y se vendieron precipitadamente unos 16 millones de acciones. Las causas últimas de la crisis norteamericana fueron, de una parte, la contracción de la demanda y del consumo personal, los excesos de producción y pérdidas consiguientes (por ejemplo, en el sector automovilístico y en la construcción) y la caída de inversiones, propiciada por la caída de precios; y de otra, la reducción en la oferta monetaria y la política de altos tipos de interés llevadas a cabo por el Banco de la Reserva Federal desde 1928 para combatir la especulación bursátil. En cualquier caso, el producto interior bruto norteamericano cayó en un 30 por 100 entre 1929 y 1933; la inversión privada, en un 90 por 100; la producción industrial, en un 50 por 100; los precios agrarios, en un 60 por 100, y la renta media en un 36 por 100. Unos 9.000 bancos -con reservas estimadas en más de 7.000 millones de dólares- cerraron en esos mismos años. El paro, que en 1929 afectaba sólo al 3,2 por 100 de la población activa, se elevó hasta alcanzar en 1933 al 25 por 100 de la masa de trabajadores, esto es, a unos 14 millones de personas.
Como consecuencia, Estados Unidos redujo drásticamente las importaciones de productos primarios (sobre todo, de productos agrarios y minerales procedentes de Chile, Bolivia, Cuba, Canadá, Brasil, Argentina y la India), procedió a repatriar los préstamos de capital a corto plazo hechos a países europeos y sobre todo a Alemania, y recortó sensiblemente el nivel de nuevas inversiones y créditos. La dependencia de la economía mundial respecto de la norteamericana era ya tan sustancial (sólo en Europa los préstamos norteamericanos entre 1924 y 1929 se elevaron a 2.957 millones de dólares); y las debilidades del sistema internacional eran tan graves (países excesivamente endeudados y con fuertes déficits comerciales, grandes presiones sobre las distintas monedas muchas de ellas sobrevaloradas tras el retorno al patrón-oro, numerosas economías dependientes de la exportación de sólo uno o dos productos) que el resultado de la reacción norteamericana fue catastrófico: provocó la mayor crisis de la economía mundial hasta entonces conocida. El valor total del comercio mundial disminuyó en un solo año, 1930, en un 19 por 100. El índice de la producción industrial mundial bajó de 100 en 1929 a 69 en 1932.
Aunque con las excepciones de Japón y de la URSS la crisis golpeó en mayor o menor medida a la totalidad de las economías, fue en Alemania donde sus efectos fueron particularmente negativos. La economía alemana no pudo resistir la retirada de los capitales norteamericanos y la falta de créditos internacionales. El comercio exterior se contrajo bruscamente. La producción manufacturera decreció entre 1929 y 1932 a una media anual del 9,7 por 100. Los precios agrarios cayeron espectacularmente. La producción de carbón descendió de 163 millones de toneladas en 1929 a 104 millones en 1932; la de acero, de unos 16 a unos 5, 5 millones de toneladas. El desempleo que en 1928 afectaba a unas 900.000 personas, se duplicó en un año y en 1930 se elevaba ya a 3 millones de trabajadores. Las medidas tomadas por el gobierno del canciller Brüning, formado el 30 de marzo de 1930, tales como elevación de impuestos, reducción del gasto público y de las importaciones, recortes salariales y mantenimiento del marco -medidas pensadas para impedir una reedición de la crisis de 1919-23 y para que Alemania pudiese hacer frente al plan Young-, resultaron a corto plazo muy negativas. La contracción de la demanda que provocaron hizo que el desempleo se elevara a la cifra de 4,5 millones en julio de 1931 y a 6 millones al año siguiente (aunque es posible que, con más tiempo, pudieran haber dado resultados positivos: a principios de 1933, se apreciaban ya signos de reactivación).
El pánico financiero y bancario norteamericano se contagió a Europa. Los banqueros franceses -los Rothchilds, principalmente- retiraron los créditos concedidos al banco austríaco Kredit Anstalt, que quebró y arrastró a la quiebra a numerosos bancos de Austria, Hungría y Polonia. Como también se señaló al hablar de la dictadura nazi, los bancos alemanes, por temor a quiebras en cadena ante la huída masiva de capitales, cerraron entre el 13 de julio y el 5 de agosto de 1931. La libra fue sometida a fortísimas presiones de los especuladores internacionales: Gran Bretaña decidió en septiembre de 1931 abandonar el patrón-oro y devaluar la libra en un 30 por 100, decisión que obligó a su vez a otros países a reforzar las políticas deflacionistas ya adoptadas por sus gobiernos respectivos.
Estos -Hoover en Estados Unidos; MacDonald en Gran Bretaña; Brüning en Alemania; Herriot en Francia- hicieron lo que la ortodoxia económica prescribía para hacer frente a situaciones de crisis: reducciones del gasto público, políticas de equilibrio presupuestario, aumentos de impuestos, reducción de costes salariales, limitación de importaciones vía elevación de aranceles y rígidos controles de los cambios. Como Keynes demostraría poco después en su Teoría general (1936) ya citada, la ortodoxia estaba equivocada, y probablemente sólo la intervención de los gobiernos estimulando la inversión y la demanda -tesis keynesiana- pudo haber generado crecimiento económico y empleo.
Fue cierto, con todo, que el resultado de la aplicación de las recetas clásicas no fue totalmente negativo. Hacia 1933, algunas economías parecían ya camino de su recuperación, y para entonces lo peor de la depresión había pasado. Pero los efectos a corto plazo fueron devastadores. Primero, el desempleo alcanzó cifras jamás conocidas: 14 millones en Estados Unidos, 6 millones en Alemania, 3 millones en Gran Bretaña y cifras comparativamente parecidas en numerosísimos países. Segundo, la crisis social favoreció el extremismo político. El temor real o ficticio al avance del comunismo y de la agitación revolucionaria provocó en muchos países el auge de movimientos de la extrema derecha y en algunos, como en los Balcanes y en los Estados bálticos, la implantación de dictaduras fascistizantes. Peor aún, la crisis contribuyó decisivamente al colapso de la República de Weimar y a la llegada de Hitler al poder. Tercero, la crisis económica provocó fuertes tensiones en las relaciones comerciales internacionales al recurrir los gobiernos a medidas proteccionistas para defender las economías nacionales. Estados Unidos impuso el 17 de junio de 1930 el arancel (Hawley-Smoot) más alto de su historia. En mayo de 1931, Francia introdujo el sistema de "restricciones cuantitativas" a las importaciones, un sistema de cuotas sobre unos 3.000 productos de importación. Gran Bretaña impuso en 1932 un impuesto del 10 por 100 sobre todas las importaciones; en la conferencia de Ottawa (21 de julio a 20 de agosto de 1932), los países de la Commonwealth aprobaron el principio de "preferencia imperial", por el que determinados productos coloniales entrarían en Gran Bretaña sujetos a cuotas pero sin recargos arancelarios, y los productos industriales británicos gozarían de beneficios para su exportación a las colonias.
NEW DEAL
La crisis del 29 fue una crisis desde luego económica y social, pero fue una crisis que cuestionó además la credibilidad misma del sistema norteamericano. La crisis deshizo, en efecto, el mandato del republicano Herbert Hoover, que había llegado a la presidencia (1928) con la promesa de impulsar una etapa de prosperidad y que, sorprendido por la depresión, creyó que el mercado mismo terminaría por reajustar la economía. En tres años, cerraron unos 5.000 bancos. Millones de inversores se arruinaron. Se paralizaron la construcción y la industria, el sector agrícola se hundió y el desempleo alcanzó la cifra de 12-15 millones de parados. Las ciudades se llenaron de desempleados, de gente sin hogar, de largas y patéticas colas ante las instituciones de caridad, de barriadas de chabolas hechas de cartonajes y hojalata (las llamadas sarcásticamente Hoovervilles). La violencia social (huelgas, cortes de carreteras y vías férreas, piquetes, pillaje, delincuencia, manifestaciones, asaltos a cárceles y edificios oficiales, etcétera) se extendió por el país. En esas circunstancias, al candidato demócrata a la presidencia en las elecciones de 1932 -Roosevelt- le bastó dar con una frase afortunada, la promesa de un "new deal" (literalmente, "nuevo trato"), ofertar un nuevo contrato social para el país, para ganar. Roosevelt obtuvo unos 23 millones de votos, frente a los 16 millones de su oponente, Hoover. Significativamente, Roosevelt había ganado en todos los Estados menos en seis.
Cuando tomó posesión de la Presidencia, el 4 de marzo de 1933, los bancos estaban cerrados en 47 de los 50 estados del país. Su primer gran mérito como presidente fue convertir una frase, New Deal, en un programa articulado, casi una revolución institucional que, preservando los valores de la sociedad democrática, devolvió al país la confianza en su capacidad para recobrar la prosperidad económica.
En efecto, el New Deal -diseñado en gran medida por tres asesores del Presidente, Raymond Moley, Rexford G. Tugwell y Adolph A. Berle que integraron el llamado "trust de los cerebros"- se materializó en un amplio conjunto de reformas económicas y sociales. El primer New Deal (1933-35) se propuso restablecer la confianza del país y combatir el desempleo. En los "primeros 100 días", en los que el gobierno empleó una energía colosal, Roosevelt, tras cerrar todos los bancos y reabrir sólo los bancos federales de reserva, aprobó una Ley de Emergencia Bancaria y una Ley económica -ambas en marzo de 1933-, por las cuales creó un sistema de garantía estatal de depósitos que permitió sanear muchos bancos y restablecer el mecanismo de los créditos. En el mismo mes de marzo, estableció la Dirección Federal de Ayudas Urgentes, dirigida por Harry Hopkins -tal vez el principal hombre del Presidente- para conceder préstamos en efectivo a los estados más afectados por la crisis y el paro. En mayo, se creó la Dirección de Regulación Agrícola que proporcionó subsidios y créditos a los agricultores; para limitar la producción de ciertas cosechas (algodón, tabaco, frutas) y estabilizar así los precios. Paralelamente, se implantó el Servicio de Crédito a los Agricultores para refinanciar las hipotecas sobre las granjas a que se habían visto forzados a recurrir miles de modestos propietarios agrícolas.
En junio de 1933, se estableció la Dirección para la Recuperación Nacional, a cargo del ex-general Hugh Johnson, encargada de regular el trabajo infantil, la negociación colectiva, las jornadas laborales y los salarios, y que creó unos "códigos" para la justa regulación de la competencia empresarial y del trabajo. Una Ley de Valores, de 27 de mayo de 1933, reguló el funcionamiento de la bolsa y estableció normas para impedir las especulaciones y el fraude bursátil. Todo ello se completó con muchas otras medidas -abandono del patrón oro, legalización de la venta de vino y cerveza, devaluación del dólar (enero de 1934)- que buscaban provocar estímulos coyunturales a la economía.
Tres programas de obras y trabajos públicos abordaron directamente el problema del empleo. La Dirección de Obras Sociales, creada en febrero de 1934, emprendió numerosas obras públicas (juzgados, escuelas, hospitales, carreteras) que dieron trabajo -por lo general, temporal- a unos 2 millones de personas. La Dirección del Valle Tennessee, corporación autónoma con fondos del Estado constituida en mayo de 1933 según una antigua idea del senador por Nebraska George W. Norris, fue un gran proyecto regional que abarcó siete estados, y que se propuso, mediante la construcción de pantanos (un total de 25) y el encauzamiento del río, transformar de raíz la cuenca del Tennessee mediante su industrialización (con plantas para la fabricación de nitratos y grandes centrales eléctricas), la potenciación del regadío (millones de hectáreas fueron irrigadas) y el fomento del turismo (navegabilidad del río y creación de lagos artificiales). El Cuerpo Civil de Conservación, finalmente, creado en noviembre de 1933, dio trabajo (entre ese año y 1941) a unos 2 millones de personas, en su mayoría jóvenes, a las que empleó en trabajos de reforestación de bosques, vigilancia y conservación de espacios naturales, campañas de vacunación de animales y lucha contra epidemias y plagas.
El "segundo New Deal" (1935-38), elaborado por hombres nuevos como Thomas Corcoran y Benjamin Cohen, dos protegidos del juez de la Corte Suprema Felix Frankfurter, considerado por muchos como el cerebro en la sombra de las reformas, se inició una vez que las primeras medidas habían devuelto la confianza al país, y después de que Roosevelt fuera reelegido para un nuevo mandato en 1936. Sus objetivos fueron consolidar la obra iniciada, frenar la contraofensiva conservadora (que había logrado paralizar por anticonstitucionales distintas iniciativas de las direcciones de Regulación Agrícola y Ayudas Urgentes) y ampliar la cobertura social para la masa de la población. Una nueva Ley Bancaria amplió en 1935 los poderes del Banco de la Reserva Federal sobre el sistema bancario del país. La Ley de Conservación del Suelo de 1936 autorizó la concesión de subsidios estatales a los agricultores que cultivasen productos que no erosionasen el suelo. En 1935, se creó una Dirección para la Recolonización, que dirigió Rexford Tugwell, para combatir la pobreza rural, que en sólo dos años dio ayudas a unas 635.000 familias campesinas de cara a la creación de cooperativas y a su asentamiento en tierras nuevas. También en 1935 se estableció -fusionando varias instituciones de la primera etapa- la Dirección de Obras Públicas, dirigida por Harry Hopkins y Harold Ickes, para luchar contra el desempleo, y que en los ocho años en los que funcionó invirtió cerca de 5 billones de dólares, dio empleo a unos 8 millones de personas, construyó casi un millón de kilómetros de autopistas, puentes (como el Triborough de Nueva York), puertos, unas 850 terminales de aeropuertos, parques y cerca de 125.000 edificios públicos. Además, financió el Plan Federal de las Artes, que dio trabajo a escritores y artistas, y la Dirección Nacional de la Juventud, orientada a buscar empleos temporales para los estudiantes.
La llamada Ley Wagner, Ley Nacional de Relaciones Laborales aprobada el 5 de julio de 1935 por iniciativa del senador Robert Wagner, concedió a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical en el interior de factorías y plantas. Ello permitió la sindicación masiva de los trabajadores industriales, capitalizada sobre todo por el Comité de Organizaciones Industriales (el CIO), una escisión de la Federación Americana del Trabajo encabezada por John L. Lewis, que desde 1933 había lanzado una gran ofensiva huelguística (muchas veces mediante "sit downs", ocupación de las fábricas) para lograr el reconocimiento sindical. La Secretaria de Trabajo, Frances Perkins, logró ver aprobada en agosto de 1935 la Ley de Seguridad Social, que estableció pensiones de vejez y viudedad, subsidios de desempleo y seguros por incapacidad, y en 1938 la Ley de Prácticas Laborales, que instituyó el salario mínimo y limitó la jornada laboral a 40 horas semanales.
El New Deal, tomado en su conjunto, no consiguió todos sus objetivos. La economía había recuperado hacia 1936-37 los niveles de actividad de 1929, pero a partir de agosto de 1937 sufrió una nueva y grave recesión, la llamada "recesión Roosevelt", que puso en peligro todo lo hecho en los años anteriores y que además podía atribuirse a la política ortodoxa de equilibrio presupuestario y altos tipos de interés que el gobierno había mantenido. En todo caso, y a pesar de las medidas que Roosevelt tomó en 1938 a instancias de los elementos más "progresivos" de su equipo -aumentos del gasto público y reducción del valor del dinero-, en 1939 el paro afectaba todavía a unos 10 millones de personas (que disfrutaban, sin embargo, de mucha mayor cobertura social que en 1929-33). Las huelgas de los años 1936-37 y la larguísima batalla política que el Presidente libró a partir de enero de 1937 para nombrar jueces liberales y afines a su política en el Tribunal Supremo erosionaron sensiblemente su popularidad. Los republicanos lograron un gran éxito en las elecciones al Congreso y Senado del otoño de 1938.
Desde la derecha, el New Deal fue visto como una traición a la tradición liberal norteamericana y como un obstáculo a la recuperación económica; para la izquierda, fue una oportunidad perdida, un conjunto de iniciativas confusas, asistemáticas e incoherentes. Pero el New Deal había supuesto una labor legislativa que, por su volumen y capacidad de innovación, superó a todo lo hecho anteriormente por cualquier administración norteamericana. La creación de nuevos organismos federales había propiciado lo que era en realidad una auténtica revolución institucional. El New Deal palió la miseria rural: la renta agraria subió de 5.562 millones de dólares en 1932 a 8.688 millones en 1935. Proporcionó trabajo temporal a millones de personas, electrificó la Norteamérica rural, sentó las bases del Estado del bienestar, desplazó el poder social en favor de los sindicatos y trajo considerables beneficios sociales a las minorías étnicas marginadas de las zonas deprimidas de las grandes ciudades y en especial, a la minoría negra.
El New Deal fue ante todo la obra de un grupo de liberales y demócratas verdaderamente progresistas (y de algunos tecnócratas) que creían, como el propio Roosevelt, en la economía de mercado, pero que creían igualmente que una catástrofe como la que se había abatido sobre Estados Unidos a partir de 1929 requería una respuesta decidida y a gran escala de la institución que encarnaba el país, esto es, de la Presidencia de la República. Ese fue el gran acierto de Roosevelt: hacer de la Presidencia la encarnación de las aspiraciones sociales de la nación.
Extracto del discurso del presidente Roosevelt al asumir el mando el 4 de marzo de 1933.
…“Esta nación va a salir adelante como lo ha hasta ahora; va a volver a revivir, va a tener éxito. Como primera medida permítanme manifestar la firme convicción, que de lo único de que debemos sentir temor, es del temor mismo-del miedo anónimo irracional y sin sentido que paraliza todos los esfuerzos que son necesarios para convertir el retroceso en una marcha hacia adelante… Estoy preparado-en el marco de los deberos de la constitución-para tomar aquellas, medidas que requiere esta golpeada nación en medio de un mundo golpeado”
(...) Animado de este espíritu y confortado por el de ustedes, afrontamos nuestros problemas comunes, los cuales, gracias a Dios, son exclusivamente materiales. Los valores han mermado hasta alcanzar niveles fantásticos; los impuestos han aumentado; nuestra capacidad de pago ha disminuido; el manejo de todos los negocios confrontan una seria reducción de ingresos; los medios de trueque se encuentran congelados en el tráfico comercial, hojas marchitas de la industria yacen por todas partes; los agricultores no encuentran mercado para sus productos; se han esfumado los ahorros que hicieron durante muchos años millares de familias. Y, lo que es más importante, una multitud de ciudadanos sin empleo encara el inflexible problema de la existencia, y un número igualmente voluminoso trabaja con un salario ínfimo.
“Nuestra más ardua tarea, la primera, es hacer que el pueblo vuelva al trabajo. No es un problema insoluble si nos enfrentamos a él con prudencia y valentía. Puede realizarse, en parte, mediante la contratación directa por parte del gobierno, actuando como en un caso de guerra pero, al mismo tiempo llevando a cabo los trabajos más necesarios, a partir de estas personas contratadas, para estimular y reorganizar la utilización de nuestros recursos naturales.”
(...)
Por último, en nuestro camino hacia la reanudación del trabajo, necesitamos dos garantías para impedir que vuelvan los males anteriores: debe haber una supervisión estricta de todas las operaciones bancarias, así como de los créditos e inversiones; hay que poner término a las especulaciones que se hacen con el dinero de la gente y contar con una disposición que establezca una moneda corriente, adecuada y firme.

EL FASCISMO SEGÚN MUSSOLINI

La Enciclopedia Italiana, 1932
Aunque el XIX fuera el siglo del socialismo, el liberalismo y la democracia, eso no significa que el siglo XX deba ser también el del socialismo, el liberalismo y la democracia. Las doctrinas políticas pasan; las naciones permanecen. Somos libres de creer que este es el siglo de la autoridad, un siglo que tiende hacia 'el bien', un siglo fascista. Si el XIX fue el siglo del individuo (liberalismo implica individualismo), somos libres de creer que este es el siglo del 'colectivo', y por tanto el siglo del estado
La concepción fascista del estado es totalmente incluyente; fuera del mismo no puede existir ningún valor humano o espiritual, mucho menos tener valor. Comprendido esto, el fascismo es totalitario, y el estado fascista - síntesis y unidad que incluye todos los valores - interpreta, desarrolla y potencia toda la vida de un pueblo
El fascismo es una concepción religiosa en la que un hombre es visto bajo la perspectiva de su relación inmanente con una ley superior y con una Voluntad objetiva que trasciende al individuo particular y le eleva a la pertenencia consciente a una sociedad espiritual. Cualquiera que no haya visto en las políticas religiosas del régimen fascista nada más que mero oportunismo, no ha entendido que el fascismo, aparte de ser un sistema de gobierno, es también, y sobre todo, un sistema de pensamiento
“Siendo antiindividualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y reconoce al individuo sólo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado. Se opone al liberalismo clásico que surgió como reacción al absolutismo y agotó su función histórica cuando el Estado se convirtió en la expresión de la conciencia y la voluntad del pueblo. El liberalismo negó al Estado en nombre del individuo; el fascismo reafirma los derechos del Estado como la expresión de la verdadera esencia de lo individual. La concepción fascista del Estado lo abarca todo; fuera de él no pueden existir, y menos aún valer, valores humanos y espirituales. Entendido de esta manera, el fascismo es totalitarismo, y el Estado fascista, como síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y otorga poder adicional a la vida entera de un pueblo (...).
El fascismo, en suma, no es sólo un legislador y fundador de instituciones, sino un educador y un promotor de la vida espiritual. No intenta meramente remodelar las formas de vida, sino también su contenido, su carácter y su fe. Para lograr ese propósito impone la disciplina y hace uso de su autoridad, impregnando la mente y rigiendo con imperio indiscutible (...).
El fascismo no cree en la posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetúa. Rechazamos el pacifismo (...) sólo la guerra puede elevar todas las energías humanas al máximo (...) Además de combatir el socialismo, el fascismo ataca todo el conjunto de las ideologías democráticas ( ...) El fascismo niega que el numero, por el solo hecho de ser número, pueda dirigir las sociedades humanas ( ...) afirma la desigualdad irremediable, fecunda y beneficiosa de los hombres(...) Ya basta de socialismo de estado. Negamos que existan dos clases,(...) negamos vuestro internacionalismo (...) Italia tiene que reafirmar su derecho de realizar su completa unidad geográfica e histórica (...) tiene que imponer de manera solida y estable el imperio de la ley sobre pueblos de nacionalidad ligados a Italia. El fascismo reconoce la función social de la propiedad privada, que es un derecho y un deber. El Partido Nacional Fascista se esforzará por disciplinar las luchas de intereses entre las diversas clases. (...).
CARTA DEL TRABAJO ITALIANO
EL ESTADO CORPORATIVO Y SU ORGANIZACIÓN
I
La Nación es un organismo que tiene fines, vida y medios de acción superiores, en potencia y duración, a los individuos divididos o agrupados que la componen. Es una unidad moral, política y económica, que se realiza integralmente dentro del Estado Fascista.
II
El trabajo en todas sus formas organizadas y ejecutivas, intelectuales, técnicas, manuales, es un deber social, desde este punto de vista y solamente bajo este aspecto, está tutelado por el Estado.
Desde el punto de vista nacional, el conjunto de la producción es unitario; sus finalidades son unitarias y se resumen en el bienestar de los individuos y en el desarrollo de la potencialidad nacional.
III
La organización sindical o profesional es libre. Pero solamente el Sindicato, legalmente reconocido y sometido al control del Estado, tiene derecho a representar legalmente toda la categoría de patronos o de trabajadores por la cual está constituido: a tutelar sus intereses frente al Estado y a las demás asociaciones profesionales; a estipular contratos colectivos de trabajo, obligatorios para todos los pertenecientes a la categoría; imponerles contribuciones y ejercitar, respecto a ellos, funciones delegadas de interés público.
IV
En el contrato colectivo de trabajo es la expresión concreta de la solidaridad entre los varios factores de la producción, mediante la conciliación de los intereses opuestos de los patronos y de los trabajadores, y su subordinación a los intereses superiores de la producción.
V
La Magistratura del Trabajo es el órgano con el cual el Estado interviene para arreglar las controversias del trabajo, sea por lo que se refiere a la observancia de los pactos y demás normas existentes, sea a la determinación de nuevas condiciones de trabajo.
VI
Las asociaciones profesionales legalmente reconocidas garantizan la igualdad jurídica entre los patronos y los trabajadores, mantienen la disciplina de la producción y del trabajo y fomentan su perfeccionamiento. Las Corporaciones constituyen la organización unitaria de las fuerzas de la producción y representan integralmente sus intereses.
En virtud de esta representación integral, siendo los intereses de la producción intereses nacionales, las Corporaciones están reconocidas por la ley como órganos del Estado.
Como representantes de los intereses unitarios de la producción, las Corporaciones pueden emanar normas obligatorias sobre la disciplina de las relaciones de trabajo, así como sobre la coordinación de la producción, siempre que las asociaciones confederadas les hayan otorgado los poderes necesarios.
VII
El Estado corporativo considera la iniciativa privada en el campo de la producción como el medio más eficaz y más útil para el interés de la Nación. Siendo la organización privada de la producción una función de interés nacional, el organizador de la empresa es responsable frente al Estado de la orientación de la producción.
De la colaboración de las fuerzas productivas deriva la reciprocidad de derechos y deberes entre ellas. El trabajador en general, sea técnico, empleado u obrero, es un colaborador activo de la empresa económica, cuya dirección está a cargo del patrono, que es el responsable.
VIII
Las asociaciones profesionales de patronos tienen la obligación de fomentar con todos los medios, el aumento de la producción, su perfeccionamiento y la reducción del coste. Las representaciones de quienes ejercen una profesión liberal o un arte y las asociaciones de empleados públicos, contribuyen en la tutela de los intereses del arte, de la ciencia y de las letras, y en el perfeccionamiento de la producción y en la consecución de los fines morales del ordenamiento corporativo.
IX
La intervención del Estado en la producción, económica se verifica solamente cuando falte o sea insuficiente la iniciativa privada o cuando estén en juego intereses políticos del Estado, Dicha intervención puede asumir la forma de control, del fomento y de la gestión directa.
En las controversias colectivas del trabajo, no se puede dar lugar a la acción judicial sin que antes el órgano corporativo no haya intentado la conciliación.
En las controversias individuales concernientes a la interpretación y la aplicación de los contratos colectivos de trabajo, las asociaciones profesionales tienen, facultad para intervenir en pro de la conciliación.
Para semejantes controversias, la competencia pasa a la magistratura ordinaria, complementada con asesores designados por las asociaciones profesionales interesadas.
DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y DE LAS GARANTÍAS DEL TRABAJO
XI
Las asociaciones profesionales tienen la obligación de regular, mediante contratos colectivos, las relaciones del trabajo entre las categorías de los patronos y de los trabajadores por ellas representadas.
El contrato colectivo de trabajo se estipula entre asociaciones de primer grado, bajo la guía y el control de las organizaciones centrales, salvo la facultad de substitución por parte de la asociación de grado superior, en los casos previstos por la ley y por los estatutos.
So pena de nulidad, cada contrato colectivo de trabajo debe contenernormas precisas sobre las relaciones disciplinarias, sobre el período de aprendizaje, sobre la cuantía y pago de la retribución y el horario de trabajo.
XII
La acción del sindicato, la obra conciliadora de los órganos corporativos y el fallo de la Magistratura del trabajo garantizan la proporción del salario conforme a las necesidades normales de la vida, a las posibilidades de la producción y al rendimiento del trabajo.
La determinación del salario no está supeditada a ninguna norma general y está confiada al acuerdo de las partes en los contratos colectivos.
XIII
Los datos obtenidos por las Administraciones públicas, por el Instituto central de estadística y por las asociaciones profesionales legalmente reconocidas, respecto a las condiciones de la producción y del trabajo, a la situación, del mercado monetario y a las variaciones del tenor de vida de los prestadores de obra, coordenados y elaborados por el Ministerio de Corporaciones, sugerirán el criterio para armonizar entre ellas los intereses de las diferentes categorías y clases y los de éstas con el interés superior de la producción.
XIV
La retribución debe ser asignada en la forma más conforme con las exigencias del trabajador y de la empresa.
Cuando la retribución se fije a destajo, y la liquidación de los destajos se haga por periodos superiores a la quincena, tienen que ser concedidos anticipos quincenales o semanales de adecuada cuantía.
El trabajo nocturno, no comprendido en regulares turnos periódicos, se retribuye con el aumento de un tanto por ciento respecto al trabajo diurno.
Cuando el trabajo se retribuya a destajo, las tarifas de destajo deben determinarse de modo que el obrero laborioso, de normal capacidad de trabajo, pueda conseguir una ganancia mínima además del sueldo base.
XV
El prestador de obra tiene derecho al descanso semanal en coincidencia con los domingos. Los contratos colectivos aplicarán tal principio teniendo en cuenta las normas de leyes existentes, las exigencias técnicas de la empresa, y, en los límites de dichas exigencias, procurarán al mismo tiempo que se respeten las festividades civiles y religiosas según las tradiciones locales. El horario de trabajo tendrá que ser intensa y escrupulosamente observado por el prestador de obra.
XVI
Después de un año de ininterrumpido servicio, el prestador de obra en las empresas de trabajo continuo, tiene derecho a un periodo anual de vacaciones retribuido.
XVII
En las empresas de trabajo continuo, el trabajador, en caso de cese en las relaciones de trabajo, por despido sin culpa, tiene derecho a una indemnización proporcionada a los años de servicio. Dicha indemnización también es debida en caso de muerte del trabajador.
XVIII
En las empresas de trabajo continuo, el traspaso del negocio no rescinde el contrato de trabajo, y el personal adicto a tal empresa conserva sus derechos frente al nuevo titular. Asimismo la enfermedad del trabajador, si no pasa de una determinada duración, no rescinde el contrato de trabajo. La llamada al servicio militar o al de la Milicia Voluntaria de Seguridad Nacional (MVSN), no es causa de despido.
XIX
Las infracciones de la disciplina y los actos que perturben la marcha normal del negocio, cometidos por los trabajadores, están castigados según la gravedad de la falta, con multas, con suspensión del trabajo y, en los casos más gravea con inmediato despido sin indemnización.
XX
El prestador de obra recién entrado en una empresa, está sujeto a un período de prueba, durante la cual es recíproco el derecho a la rescisión del contrato, sin más que el pago de la retribución por el tiempo en que efectivamente se prestó el trabajo.
El contrato colectivo del trabajo también extiende sus beneficios y su disciplina a los que trabajan a domicilio. El Estado dictará varias normas para asegurar la policía y la higiene del trabajo a domicilio.
DE LAS OFICINAS DE COLOCACIÓN
XXII
El Estado precisa y controla el fenómeno de la ocupación y de la desocupación de los trabajadores, índice general de las condiciones de la producción y del trabajo.
XXIII
Las oficinas de colocación están constituidas sobre una base paritética y bajo el control de los órganos corporativos del Estado. Los patronos tienen la obligación de asumir los prestadores de obra por mediación de dichas oficinas. Tienen la Facultad de escoger entre los inscritos en las listas, prefiriendo a los que pertenezcan al Partido y a los Sindicatos Fascistas, según la antigüedad de inscripción.
XXIV
Las asociaciones profesionales tienen la obligación de seleccionar los trabajadores a fin de elevar cada vez más su capacidad técnica y su valor moral.
XXV
Los órganos corporativos vigilan para que las leyes sobre la prevención de infortunios y sobre la policía del trabajo sean observadas por los individuos sujetos a las asociaciones colegadas.
DE LA PREVISIÓN. DE LA ASISTENCIA, DE LA EDUCACIÓN Y DE LA INSTRUCCIÓN
XXVI
La previsión es una alta manifestación del principio de colaboración. El patrono y el prestador de obra deben contribuir proporcionalmente en los gastos. El Estado, mediante loa órganos corporativos y las asociaciones profesionales, procurará coordinar y unificar lo más posible el sistema y los institutos de previsión.
XXVII
El Estado fascista propone:
1) El perfeccionamiento del seguro contra los infortunios;
2) El mejoramiento y la extensión del seguro de maternidad;
3) El seguro contra las enfermedades profesionales y contra la tuberculosis, como tránsito hacia el seguro general contra todas las enfermedades;
4) El perfeccionamiento del seguro contra la desocupación involuntaria.
5) La adopción de especiales formas de seguros totales para los jóvenes trabajadores.
XXVIII
Incumbe a las asociaciones de trabajadores la tutela de sus representados en las gestiones administrativas y judiciales, referentes al seguro contra infortunios y a los seguros sociales.
En los contratos colectivos de trabajo quedará establecida, cuando técnicamente sea posible, la constitución de cajas mutuas para enfermedad con la contribución de los patronos y de los prestadores de obra y cuya administración estará a cargo de representantes de ambos y bajo la vigilancia de los órganos corporativos.
La asistencia a sus representados, sean o no socios, es un derecho y un deber de las asociaciones profesionales. Estas deben ejercitar directamente sus funciones de asistencia y no pueden delegarlas en otras entidades o institutos, como no sea por objetivos de índole general, que excedan de los intereses de cada categoría.
XXX
La educación y la instrucción de sus representados, socios y no socios, especialmente la instrucción profesional, es uno de los principales deberes de las asociaciones profesionales. Estas deben secundar la acción de las Obras Nacionales relativas al post-trabajo y a las demás iniciativas de educación.

EL RÉGIMEN FASCISTA

El régimen político
Benito Mussolini, cuyo gobierno fue ratificado por el Parlamento, tardó aún en crear un régimen verdaderamente fascista. Ello se debió, primero, a que el fascismo carecía de ideas y programas claros, coherentes y bien estructurados; y segundo, a que su llegada al poder había exigido evidentes compromisos políticos. La "primera etapa" de gobierno fascista, de octubre de 1922 a enero de 1925, fue así una "etapa de transición", en la que la vida pública (Parlamento, partidos, sindicatos, prensa) siguió funcionando bajo una cierta apariencia de normalidad constitucional. Mussolini siguió en ese tiempo una política económica liberal o por lo menos, no intervencionista y definida por la voluntad de favorecer el libre juego de la iniciativa privada, lo que en la práctica significó privatizaciones (teléfonos, seguros), incentivos fiscales a la inversión (los impuestos sobre los beneficios de guerra fueron reducidos), drásticas reducciones de los gastos del Estado (por ejemplo, los militares) y estímulos a las exportaciones. Favorecida por el relanzamiento de la economía mundial y de la propia demanda interna, la economía italiana creció notablemente entre 1922 y 1925, sobre todo, el sector industrial cuyo crecimiento medio anual fue del 11,1 por 100 -frente al 3,5 por 100 de la agricultura-, si bien al precio de una inflación anual del 7,4 por 100 y de una pérdida del valor de la lira en las cotizaciones internacionales.
En cuestiones internacionales, Mussolini se mostró igualmente ambiguo y contradictorio. Desde luego, no ahorró gestos que indicaban su oposición al tratado de Versalles y a la Sociedad de Naciones, expresión de que la Italia fascista aspiraba a la revisión del orden internacional de 1919. Así, en septiembre de 1923, Italia bombardeó y ocupó militarmente la isla griega de Corfú, tras el asesinato poco antes de varios militares italianos que formaban parte de la delegación internacional que debía fijar la frontera greco-albanesa. En enero de 1924, firmó con la nueva Yugoslavia, al margen de la Sociedad de Naciones, un compromiso sobre Fiume, que pasaba a integrarse en Italia a cambio de concesiones importantes sobre los territorios del entorno de la ciudad. Igualmente, Mussolini firmó acuerdos comerciales con Alemania y la URSS -a la que reconoció enseguida- que contravenían cláusulas de la paz de Versalles. Pero hubo también manifestaciones tranquilizadoras que parecían indicar que esa misma Italia fascista, pese a la retórica imperial y expansionista de sus dirigentes, podría jugar un papel internacional estabilizador. En diciembre de 1925, por ejemplo, firmó el tratado de Locarno, que garantizaba la inviolabilidad de las fronteras de Alemania, Francia y Bélgica, de acuerdo precisamente con el texto de Versalles. En 1928 se adhirió al pacto Kellog-Briand, suscrito por 62 naciones, en virtud del cual se declaraba ilegal la guerra y en 1929, como veremos, Mussolini firmaba con el Vaticano los acuerdos de Letrán.
Con todo, Mussolini tomó antes de 1925 iniciativas políticas significativas. En diciembre de 1922, creó el Gran Consejo Fascista, de 22 miembros, como órgano consultivo paralelo al Parlamento. En enero de 1923, procedió a legalizar la Milicia fascista -creada en el congreso del partido de 1921-, verdadero ejército del partido (uniformado y jerarquizado), colocándola bajo el control del citado Gran Consejo y encargándole la defensa del Estado, lo que le convertía de hecho en un ejército paralelo (y en efecto, unidades de la Milicia, que tendría oficiales propios y que llegaría a los 800.000 hombres en 1939 combatirían en Etiopía, en España y en la II Guerra Mundial). En febrero de 1923, procedió a la fusión del partido fascista con los nacionalistas de Corradini y sus sucesores Rocco y Federzoni. Más aún, en abril de 1923, Mussolini hizo aprobar al Parlamento una nueva ley electoral en virtud de la cual la lista que obtuviera más del 25 por 100 de los votos recibiría el 66 por 100 de los diputados.
Mussolini, por tanto, daba pasos hacia la fascistización de las instituciones, el control del Parlamento y el partido único. En las elecciones de abril de 1924, en las que los fascistas recurrieron de nuevo a formas extremas de violencia intimidatoria, Mussolini y sus aliados (nacionalistas, liberales de la derecha y otros) lograron 374 escaños (de ellos, 275 fascistas) de una cámara de 535 diputados. La oposición, integrada por liberales independientes (Giolitti, Amendola), populares, socialistas-reformistas (expulsados del PSI en 1922 y liderados por Giacomo Matteotti), socialistas y comunistas, obtuvo 160 escaños. En términos de votos, la victoria fascista no había sido tan amplia: algo más de cuatro millones de votos frente a los tres millones de la oposición. Pero la nueva ley electoral había dado al fascismo el control del Parlamento.
El giro definitivo hacia la dictadura y la creación de un sistema totalitario vino inmediatamente después. La ocasión fue propiciada por la gravísima crisis política que siguió al secuestro el 30 de mayo de 1924 y posterior asesinato por una banda fascista -con conocimiento previo de la secretaría del partido- del líder de la oposición, Matteotti. El "delito Matteotti" pudo haber servido para liquidar la experiencia fascista. El estupor e indignación nacionales, expresados por la prensa, fueron extraordinarios. El crédito internacional del gobierno italiano sufrió un desgaste evidente. La oposición se retiró del Parlamento, como forma de presionar al Rey. Destacados miembros del propio partido fascista creyeron que se había ido demasiado lejos. Altos jefes del ejército, dirigentes de la banca y la industria -que seguían viendo a Mussolini como un aventurero peligroso-, políticos de la vieja oligarquía dinástica que hasta entonces habían visto con complacencia al fascismo, pensaron, y algunos así lo hicieron saber, que Mussolini no debía seguir. Se habló hasta de un posible golpe de Estado contra él. El gobierno quedó paralizado y sin iniciativa durante algunos meses. Hubo algunas dimisiones y ceses resonantes. El secretario del PNF, Martinelli, fue detenido. Pero nada se hizo. La oposición, dividida y debilitada, no acertó a canalizar la crisis. El Rey sostuvo en todo momento a Mussolini (que, además, no tuvo problemas para que las nuevas cámaras, elegidas a su medida, le reiteraran la confianza). Los escuadristas del partido fueron retomando la iniciativa. En agosto, las marchas fascistas volvieron a las calles. Cuando el 12 de septiembre fue asesinado un diputado del partido, las escuadras sembraron de nuevo el terror. Mussolini reaccionó: el 3 de enero de 1925, se presentó ante el Parlamento y en un desafiante discurso que galvanizó a sus diputados y a todos los cuadros y militantes del fascismo, asumió toda la responsabilidad "moral e histórica" de lo acaecido. El fascismo había recobrado el pulso.
Desde 1925, Mussolini y sus colaboradores procedieron a la creación de un régimen verdaderamente fascista, esto es, de una dictadura totalitaria del partido. Las tesis sobre el "Estado ético", encarnación ideal y jurídica de la nación, del filósofo Giovanni Gentile (1875-1944), ministro de Educación en el primer gobierno Mussolini y uno de los hombres más influyentes en la formulación de toda la cultura fascista, proporcionaron las bases ideológicas para la legitimación del ensayo totalitario. "Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado": el mismo Mussolini resumiría así la significación de la nueva y definitiva etapa de su régimen. El Estado encarnaba la colectividad nacional. Su soberanía y su unidad frente a partidos, Parlamento, sindicatos e instituciones privadas resultaban imprescriptibles.
El régimen fascista italiano se concretó, como ha quedado dicho, primero, en una dictadura fundada en la concentración del poder en el líder máximo del partido y de la Nación, en la eliminación violenta y represiva de la oposición y en la supresión de todas las libertades políticas fundamentales; segundo, en una amplia obra de encuadramiento e indoctrinación de la sociedad a través de la propaganda, de la acción cultural, de las movilizaciones ritualizadas de la población y de la integración de ésta en organismos estatales creados a aquel efecto; tercero, en una política económica y social basada en el decidido intervencionismo del Estado en la actividad económica, en una política social protectora y asistencial y en la integración de empresarios y trabajadores en organismos unitarios (corporaciones) controlados por el Estado; cuarto, en una política exterior ultra-nacionalista y agresiva, encaminada a afianzar el prestigio internacional de Italia y a reforzar su posición imperial en el Mediterráneo y Africa.
En efecto, Mussolini había anunciado la dictadura en su discurso de 3 de enero de 1925 y de forma inmediata, además, había procedido a la retirada de periódicos, a la suspensión de los partidos políticos y al arresto de numerosos miembros de la oposición. Luego, el 24 de diciembre de ese año -días después de que un ex-diputado socialista intentara atentar contra su vida-, asumió poderes dictatoriales en virtud de una ley especial: partidos y sindicatos quedaron legalmente prohibidos; la prensa, incluidos los grandes periódicos como La Stampa e Il Corriere della Sera, quedó bajo control directo del Estado.
Mussolini gobernó en adelante por decreto ley. El 25 de noviembre de 1926 se aprobaron la Ley de Defensa del Estado y las llamadas "leyes fascistísimas", obra todo ello del ministro de justicia Alfredo Rocco (1875-1935), un destacado jurista procedente del partido nacionalista que fue, de hecho, el creador del entramado jurídico del Estado totalitario. Aquel amplio paquete legislativo incluyó, entre otras medidas, la creación de un Tribunal de Delitos Políticos y de una policía política, la Obra Voluntaria de Represión Anti-fascista (la OVRA, organizada por Arturo Bocchini), el restablecimiento de la pena de muerte, la disolución definitiva de los partidos y el cierre de numerosos periódicos. Unos 300.000 italianos se exiliarían (entre ellos Nitti, Sturzo, Salvemini, Turati); otros 10.000 fueron confinados en islas apartadas (Lípari, Ustica, etcétera) o en pueblos remotos e insalubres. El dirigente comunista Gramsci, detenido en 1926, murió sin recobrar la libertad en 1937. 26 personas -cifra insignificante comparada con las atrocidades represivas de otras dictaduras- fueron ejecutadas (pero dirigentes de la oposición en el exilio, como los hermanos Carlo y Nello Roselli fueron asesinados; y otros, como Piero Gobetti y Giovanni Amendola murieron como resultado de palizas y agresiones infligidas impunemente por escuadristas fascistas).
En 1926, el régimen suspendió todos los Ayuntamientos electos y los sustituyó por otros designados desde arriba, a cuyo frente se nombró, con las funciones de los antiguos alcaldes, a una "podestà". Prefectos (gobernadores civiles) y sobre todo jefes locales del Partido Nacional Fascista integraron así la administración local y provincial. En 1928, una ley transformó de raíz el sistema electoral. Las elecciones consistirían en adelante en un plebiscito sobre una lista única elaborada por el Gran Consejo Fascista, convertido así en órgano supremo del Estado. En las elecciones de 1929, los votos sí fueron 8.506.576 frente a 136.198 votos negativos; en las de 1934, los primeros alcanzaron la cifra de 10.045.477 y los segundos, 15.201. Las elecciones eran, pues, una farsa. El Parlamento era simplemente una cámara oficialista sin más funciones que la aclamación de las disposiciones legales del gobierno. En buena lógica, en 1939 fue sustituido por una Cámara de los Fascios y de las Corporaciones.
El culto al "Duce" (del latín dux: guía), título oficial adoptado por Mussolini al llegar al poder --primer ministro de Italia y Duce del fascismo- fue parte esencial del Estado fascista. Saludarle y vitorearle eran obligados siempre que aparecía en público. Los baños de multitud, que Mussolini cultivó con asiduidad desde el balcón del Palacio Venecia, su residencia en el centro de Roma, eran continuamente interrumpidos por gritos de "Du-ce", "Du-ce". Una propaganda desaforada, a la que se prestaba bien el histrionismo y la teatralidad del personaje, lo presentaba como un superhombre de excepcional virilidad -se diría que recibía una mujer cada día- e incomparable capacidad de trabajo: una luz del Palacio permanecía encendida por la noche para indicar que el Duce no dormía, cuando lo hacía bien y largamente. Las fotografías oficiales lo presentaban como jinete, tenista, violinista, piloto de avión o campeón de esgrima consumado, como un atleta musculoso y fuerte capaz de pasar revista a sus tropas a la carrera. Se decía que conocía la obra de Dante de memoria, que lo leía y lo sabía todo: "el Duce tiene siempre razón" sería uno de los más repetidos eslóganes del régimen. Se tejió, en suma, una leyenda grotescamente adulatoria que poco tenía que ver con la mediocridad real de Mussolini, pero que resultó operativa y eficaz y que contribuyó a reforzar aquella especie de mística heroica y nacionalista que el fascismo había elaborado.
El culto al Duce tuvo una proyección social extraordinaria y como tal, fue parte principal en la obra de indoctrinación y encuadramiento sociales emprendida por el fascismo. Para la integración de los jóvenes, atención prioritaria del régimen, se creó el 3 de abril de 1926 dependiendo del Ministerio de Educación y del Partido la Opera Nazionale Balilla (ONB), en la que en 1937 estaban integrados unos 5 millones de niños y adolescentes de ambos sexos (de los 4 a los 18 años), divididos según edades en Hijos de la Loba, Balillas, Vanguardistas, Pequeñas Italianas y Jóvenes Italianas, cada una de ellas a su vez estructurada en unidades de tipo pseudo-militar (escuadras, centurias, cohortes, legiones) y todas vinculadas mediante juramento de lealtad personal al Duce. Todas las demás organizaciones juveniles -como los "boy-scouts", por ejemplo- fueron prohibidas, si bien las católicas acabaron por ser toleradas. Aunque la ONB, reorganizada en 1937 en la juventud Italiana del Lictorio, tenía por objeto la educación física y moral de la juventud y centró sus actividades en el deporte, las excursiones, los campamentos de verano y la cultura, la intencionalidad política era evidente. Su lema era "crecer, obedecer y combatir": la juventud encarnaba las nuevas "levas fascistas" y la ambición de la ONB era perpetuar la continuidad de la revolución de 1922.
A través de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda (convertida en Ministerio de Cultura Popular en 1937), el fascismo hizo igualmente de la cultura y del deporte vehículos de propaganda estatal y de indoctrinación ideológica. Los dos ejes de su actuación fueron la exaltación de la romanidad y la italianización. En línea con la incorporación de toda clase de símbolos y referentes del Imperio romano a los rituales y nombres oficiales (Duce, Fascios, Líctores, la Loba, Legiones, etcétera), la Roma imperial fue objeto de atención preferente: la Roma medieval fue, así, destruida a fin de abrir la Vía de los Foros Imperiales entre el Coliseo y el Foro de Trajano. El arte oficial volvió hacia los modelos renacentistas y romanos. Mario Sironi (1885-1961) creó una pintura fascista desde una visión estética a la vez ascética, viril, vigorosa y heroica, que aplicó sobre todo a la pintura mural a la que, por su carácter social, creía particularmente idónea para los objetivos del régimen. La escultura, ejemplificada por las 60 estatuas de mármol de atletas desnudos hechas por distintos artistas para el Estadio de los Mármoles (1927-1932) del arquitecto Enrico Del Debbio en el Foro Mussolini (Itálico) de Roma, por encargo de la ONB, retornó sin disimulo a la estatuaria clásica. La arquitectura se debatió entre el clasicismo y el modernismo y por ello pudo, en los mejores casos, incorporar elementos de las vanguardias racionalistas (como en la estación de Florencia, obra de Pier Luigi Nervi, y en el Palacio del Trabajo, de Guerrini, La Padula y Romano en el recinto de la EUR- Exposición Universal de Roma- diseñado entre 1937 y 1942 por el arquitecto Marcello Piacentini). Desde 1934 se organizaron los Lictoriales de la cultura y el arte, especie de congresos sobre cuestiones políticas, literarias y artísticas que pretendían actualizar el espíritu de los juegos greco-romanos y que eran meros fastos propagandísticos (aunque eso no excluyese la participación de escritores y artistas, sobre todo jóvenes, de indudable valía y calidad).
La italianización se reveló, por ejemplo, en la imposición en el deporte de términos italianos como "calcio", "rigore", "volata" y muchísimos otros acuñados expresamente para evitar anglicismos como fútbol, penalti o sprint, y afectó sobre todo a la política educativa en las regiones con minorías étnicas significativas (228.000 alemanes en Bolzano, casi medio millón de eslovenos y croatas en Venezia Julia). En 1927, el régimen que ya controlaba la prensa, nacionalizó la radio e hizo de ella un formidable vehículo de propaganda oficial. En 1925, se había creado por iniciativa de Gentile un Instituto de Cultura Fascista- para llevar, como dijo el filósofo, el fascismo a la cultura- y un año después, una Real Academia Italiana, con la misión de promover los estudios de la cultura nacional y de velar por la pureza de la lengua y se impulsó con el mismo objeto la labor del Instituto Dante Alighieri.
El deporte, que era ya espectáculo inmensamente popular, sobre todo el fútbol y el ciclismo, sirvió igualmente como catalizador del nacionalismo italiano y como factor propagandístico de las concepciones raciales y viriles que alentaban en el fascismo. El culto al deporte se convirtió en política oficial: la Educación Física quedó bajo control directo de la secretaría del Partido. El régimen cuidó sobremanera su participación en los Juegos Olímpicos. Italia, hasta entonces país marginal en esas competiciones, quedó en séptimo lugar en las Olimpiadas de 1924, en segundo lugar en las de 1932 y logró más de veinte medallas en las de 1936. "Sus héroes del aire", los aviadores -y entre ellos, el "cuadrumviro Balbo"- lograron por entonces un total de 33 récords mundiales. Un boxeador, Primo Carnera, logró en 1933 el campeonato mundial de la máxima categoría. La selección nacional de fútbol ganó el campeonato mundial en 1934 y 1938 y el olímpico en 1936. Todos esos éxitos tuvieron una significación extradeportiva y política. Desde la perspectiva de la propaganda fascista, eran la demostración evidente de que una nueva Italia -sana, joven, fuerte- estaba naciendo bajo el liderazgo del Partido y su Duce.
Por si fuera poco, el régimen fascista resolvió en 1929 el más delicado y difícil de los pleitos diplomáticos y políticos de la reciente historia italiana, el problema del Vaticano, pendiente desde la unificación del país en 1870. Los "pactos de Letrán", firmados el 11 de febrero de ese año por Mussolini y el cardenal Gasparri, supusieron la reconciliación formal entre el Reino de Italia y la Santa Sede, simbolizada en la construcción de la vía de la Conciliación entre el Castillo Sant'Angelo y la Plaza de San Pedro. Italia reconocía la soberanía de la ciudad-Estado del Vaticano (palacios y parques del Vaticano, diversos edificios en Roma y la villa pontificia de Castelgandolfo); la Santa Sede, a su vez, reconocía al Reino de Italia y renunciaba a Roma. Se firmó, además, un Concordato: el gobierno italiano reconoció la religión católica como única religión del Estado, indemnizó al Papa con una suma cuantiosa (750 millones deliras en efectivo, más otros 1.000 millones en títulos del Estado) por las posesiones confiscadas tras la ocupación de Roma en 1870 y concedió a la Iglesia importantes privilegios en materia educativa. Los "pactos de Letrán" no significaron ni la catolización del fascismo -que continuó apelando a la Roma clásica como afirmación de su identidad cultural e histórica- ni la fascistización de la Iglesia. En 1931, el Papa Pío XI criticó el totalitarismo, aunque sin aludir al fascismo, en su encíclica Non abbiamo bisogno. La existencia y actuación autónomas de organizaciones juveniles católicas (Acción Católica, Federación Universitaria de Católicos Italianos y otros) produjeron algún roce ocasional entre ambos poderes. Pero los pactos fueron un gran golpe de efecto que Mussolini -el ateo, que ni se casó por la Iglesia ni bautizó a sus hijos hasta 1923, ahora "el hombre de la Providencia"- capitalizó con innegable habilidad. La opinión católica italiana y las mismas órdenes religiosas, incluso jerarquías prestigiosas, dieron al fascismo el apoyo que jamás dieron a la Italia liberal.